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Imagina esto: llevas casi tres meses sin poder ir a la escuela. No por una enfermedad, no por vacaciones. Simplemente porque la autoridad educativa decidió cerrar tu salón. Esta es la dura realidad que enfrentan 24 niños y adolescentes sordos en Puebla. Su secundaria, en el CAM Jean Piaget, fue cerrada en septiembre por una decisión tajante de la Dirección de Educación Especial.
Desde ese día, la única respuesta que han recibido de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, bajo la gestión de Manuel Viveros Narciso, ha sido un silencio absoluto. Un silencio que viola su derecho más fundamental: el de aprender.
La SEP ignora a un juez y a Derechos Humanos
La situación es más grave de lo que parece. No es solo una mala decisión administrativa, es un abierto desacato a la ley. Los padres de familia, desesperados, buscaron ayuda legal y la encontraron. Un juez federal les concedió un amparo el pasado 27 de octubre, ordenando a la SEP reanudar las clases de inmediato.
Pero la orden judicial fue ignorada. La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla también intervino, emitiendo medidas cautelares urgentes. ¿La respuesta de la SEP? Un intento de «cumplimiento simulado» que solo ha prolongado el agravio.
Una «solución» que es una burla
La «solución» que ofreció la SEP fue una burla para las familias. Propusieron enviar a los estudiantes al turno vespertino. El problema es que en ese turno no existe ni un solo docente capacitado en Lengua de Señas Mexicana (LSM).
Es decir, los mandarían a un salón donde no podrían entender absolutamente nada, dejándolos exactamente en la misma situación de exclusión. Es un desacato disfrazado de cumplimiento, una falta de respeto a la inteligencia de los padres y a la necesidad de los alumnos.
Una violación flagrante al derecho de aprender
La cerrazón de la Dirección de Educación Especial es incomprensible. No hay ningún argumento pedagógico, administrativo o de presupuesto que pueda justificar dejar a 24 niños en el abandono. Los padres presentaron su queja formal desde el 1 de septiembre, y la respuesta ha sido nula.
Esto es una violación flagrante y sostenida al derecho a la educación. Lo más irónico y trágico de esta situación es que la autoridad educativa trata con oídos sordos a quienes más necesitan ser escuchados.
El abandono de estos estudiantes no es solo un expediente más; es el futuro de 24 jóvenes puesto en pausa por la indolencia institucional. Es urgente que las autoridades de Puebla cumplan la ley y devuelvan a estos niños a un aula digna, con maestros que hablen su idioma.
