Entre los meses de enero y abril de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió 441 quejas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Leticia Ramírez Amaya. Las quejas alegaban que la secretaría no impartía educación de calidad, prestaba el servicio de manera ilegal y obstaculizaba el acceso a los servicios educativos.
Material de estudio:
Según las estadísticas oficiales proporcionadas por el gobierno, todos los estados excepto Campeche han presentado quejas, siendo el Distrito Federal el que más tiene (340).
La Autoridad Educativa Federal en el Distrito Federal (AEFCM), que actualmente dirige Luis Humberto Fernández, ocupa actualmente el sexto lugar entre las diez instituciones que más quejas han recibido por parte del ombudsman.
En 2022, la AEFCM ocupó el noveno lugar entre las 10 primeras por el número de quejas que recibió de la CNDH.
Número de quejas
De acuerdo con expertos en educación, el número de quejas es bastante bajo considerando que el país tiene más de 25 millones de alumnos inscritos en instituciones públicas y privadas que imparten educación básica. Lo atribuyen a una disminución en el número de quejas que se reportan y a un aumento en la demanda de los padres de familia por mejorar la formación académica.
De acuerdo con Fernando Ruiz Ruiz, coordinador de Investigación de Mexicanos Primero, las preocupaciones de la CNDH son muy menores en comparación con los problemas que enfrenta el sistema escolar.
«La cultura de la denuncia y la queja, así como un mayor conocimiento de los derechos humanos, es la razón por la que se originan en grandes poblaciones», dice.
Según ha dicho, estos dos estados tienen el mayor índice educativo (12 años). Por lo tanto, la mayoría de las quejas proceden de estos estados.
Según datos proporcionados por la SEP, alrededor de 31.000 escuelas de educación básica no tienen acceso a agua corriente, y otras 24.000 carecen de baños.
«¿Por qué no se denuncia si el organismo ya está al tanto?». Porque mucha gente desconoce que «es un derecho que una escuela esté en buenas condiciones para que los niños y adolescentes puedan aprender», resalta la importancia de este punto.
Aclara que «y lo hace porque no hay mayor exigencia por parte de los padres de familia», razón por la cual la SEP es un atentado permanente contra el derecho de los niños a recibir educación. Cuando un ciudadano se pone en contacto con la CNDH, el organismo responde. Considero que es muy probable que el número real de quejas sea mayor al que se da a conocer al público. Esto se debe al hecho de que muchos hogares consideran que asistir a una escuela pública es más una necesidad que un privilegio otorgado por el gobierno.
En tanto, Marco Fernández Martínez, investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evala, dijo a EL UNIVERSAL que la falta de exigencia de los ciudadanos es más preocupante que el número de quejas que se han presentado contra la SEP en la CNDH.
«Hay un problema muy generalizado de desigualdad en el acceso a las oportunidades educativas, y hay un problema muy grave de déficit en el aprendizaje de quienes sí logran asistir a las aulas. Ambos problemas contribuyen a un rezago muy grave en el aprendizaje». Sin embargo, reconoce que «tenemos una sociedad poco exigente en el ejercicio efectivo de su derecho a la educación».
¿Cómo podemos mejorar el nivel educativo de nuestra sociedad?
El obstáculo más difícil es aceptar que la educación no es un privilegio ni un regalo del Gobierno, sino un derecho por el que hay que luchar y salvaguardar. Nunca podremos dar pasos significativos en la mejora de nuestro sistema educativo si no contamos con un mayor número de padres que se impliquen en las escuelas a las que asisten sus hijos. El coste político de una acción gubernamental inadecuada o de una negligencia absoluta es menor como resultado de esta cuestión de la implicación.
Fernández Martínez insiste mucho en la importancia de motivar a los ciudadanos para que asuman un papel más activo en la lucha por sus libertades civiles, incluido su derecho a la educación.
Dado que en el pasado solo lo ha hecho en contadas ocasiones, es muy improbable, en su opinión, que la CNDH lleve a cabo una investigación sobre una queja relativa a un problema con los servicios escolares.
Según él, «ha habido casos, pero son pocos, en los que las autoridades han tenido que atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ahora esto se ha vuelto más difícil por el perfil del titular del organismo, más preocupado por echarle porras al Presidente que por defender los derechos humanos, entre ellos el derecho de los niños y adolescentes a tener una educación de calidad en escuelas dignas».
