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Exigencia de cárcel para el alcalde de Mitla tras agresión a maestros de la CNTE
La crisis política y social en Oaxaca se ha intensificado tras un grave episodio de violencia en el municipio de San Pablo Villa de Mitla. La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha alzado la voz para exigir que se finquen responsabilidades penales contra el alcalde Esaú López Quero, a quien señalan como el principal responsable de un ataque armado contra docentes que realizaban un bloqueo en la carretera federal 190.
Contexto del Conflicto
El enfrentamiento ocurrió durante el desalojo violento de un plantón que los maestros mantenían en el crucero de Mitla. La situación escaló cuando se difundieron videos en redes sociales que documentan disparos y enfrentamientos directos entre pobladores y miembros del magisterio, lo que generó indignación inmediata.
La Postura de la Sección 22
En una conferencia de prensa realizada la noche de este miércoles en el auditorio “Enedino Jiménez Jiménez”, la secretaria general de la Sección 22, Yenni Aracely Pérez Martínez, fue contundente:
• Responsabilidad directa: La dirigencia magisterial responsabilizó al edil de haber encabezado la agresión contra sus compañeros.
• Demanda de justicia: Ante la solicitud de licencia indefinida presentada por López Quero tras los sucesos, Pérez Martínez subrayó que una renuncia no es suficiente. “Más allá de la destitución, tiene que ser la cárcel”, declaró, enfatizando que el movimiento no tolerará la impunidad.
Impacto Político
Este incidente ha reavivado la tensión en la entidad, ocurriendo en un momento en que la CNTE sostiene una jornada de lucha nacional por demandas históricas. La dirigente magisterial fue enfática al advertir que este suceso «no puede quedar impune», manteniendo la presión sobre las autoridades estatales para que se investiguen a fondo los hechos registrados en la zona de los Valles Centrales.
El magisterio ha dejado claro que continuará con sus movilizaciones mientras el caso de Mitla permanezca sin una resolución que garantice justicia para los docentes agredidos.
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