En los últimos veinte años, la obesidad infantil en México ha alcanzado niveles preocupantes. El Atlas de Riesgos para la Nutrición Infantil en México revela un aumento preocupante de la obesidad en niños de 5 a 11 años, con una prevalencia que pasó del 9% en 1999 al 17.5% en 2023. Además, se prevé que para 2035, el 56% de los niños en México tendrá sobrepeso, lo que aumenta la probabilidad de padecer enfermedades crónicas como la diabetes.
El gobierno mexicano ha tomado medidas para abordar este problema prohibiendo la venta de comida chatarra en las escuelas a partir de marzo de 2025. Esta regulación busca disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados con alto contenido de grasa, azúcar y sodio, comúnmente presentes en productos como frituras, donas, hamburguesas y refrescos.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha establecido directrices que prohíben estos alimentos en las instituciones educativas, fomentando la adopción de alternativas más saludables.
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¿Qué constituye la comida chatarra?
La comida chatarra, a menudo denominada ultraprocesada, se caracteriza por su alto contenido calórico, altos niveles de grasas saturadas, azúcares, sodio y diversos aditivos químicos, además de carecer de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y fibra. Ejemplos típicos de estos productos incluyen papas fritas, refrescos, galletas, bollería envasada, pizzas industriales, dulces, hamburguesas de cadena y cereales azucarados.
Su amplio atractivo se debe a varios factores, como su asequibilidad, fácil acceso, tiempo mínimo de preparación y estrategias de marketing impactantes dirigidas específicamente a niños y adolescentes. Sin embargo, tras esta opción aparentemente fácil se esconde un peligro importante: el consumo regular de comida chatarra se asocia con un mayor riesgo de desarrollar afecciones como obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardíacas y problemas gastrointestinales.
Comprender la información y la educación nutricional es esencial para abordar el impacto de la comida chatarra. Reconocer estos productos, comprender su composición y comprender sus efectos es el primer paso hacia una alimentación más saludable y una mejor calidad de vida, especialmente para las generaciones más jóvenes.
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¿Está regresando la comida chatarra a las escuelas mexicanas?
La Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigida por Mario Delgado Carrillo, se encuentra envuelta en una creciente controversia tras la presentación de una reforma que busca revertir ciertos aspectos de la legislación que prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas de todo el país. Según información obtenida por Proceso, el documento, fechado el 4 de abril, busca modificar las directrices establecidas el 30 de septiembre de 2024, último día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La reforma propuesta permitiría a las tiendas dentro del campus incorporar productos ultraprocesados (aquellos que llevan etiquetas de advertencia debido a sus altos niveles de calorías, azúcar, grasas saturadas o sodio) en sus prácticas de preparación de alimentos. La propuesta busca levantar la prohibición de vender estos productos fuera del campus y sugiere que esta regulación no debería aplicarse a las universidades, argumentando que su enfoque debería centrarse únicamente en campañas de concientización en lugar de imponer restricciones. El documento presentado por la SEP recomienda además:
- Eliminar la obligación de ofrecer alimentos saludables a precios accesibles dentro de las escuelas.
- Reducir el alcance de las sanciones a proveedores y autoridades escolares que incumplan los lineamientos.
- Retirar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la facultad de verificar el cumplimiento de la legislación sanitaria en los planteles.
- Quitar la obligación de impedir la venta o publicidad de comida chatarra en las inmediaciones de las escuelas.
Además, se revisará la definición de sanciones: mientras que las directrices iniciales sancionan la preparación, distribución y venta de comida chatarra, la propuesta actualizada se centra únicamente en las sanciones por publicidad, permitiendo así su venta sin repercusiones.
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